CDMX.- En entrevista Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República, comentó que se ha interpuesto en los ‘oscurito’ una acción de inconstitucionalidad con la que cualquier propietario de un inmueble dado en arrendamiento a un inquilino que no pague la renta, podrá ser desalojado mediante juicio si antes del gobierno no garantiza una vivienda equivalente en un radio no mayor a 15 km de la original.
“No lo hizo de manera transparente y abierta, sino en secreto”
Además explicó que la comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México busca que se reconozca como válida la redacción anterior del Art. 60.
“La comisión de Derechos Humanos de la CDMX parece que la propiedad privada no es un derecho”