Xalapa, Ver.- Casi parafraseando el principio del derecho, según el cual, a confesión de parte, relevo de pruebas, el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal en Veracruz – en la que se han denunciado varios casos algunos incluso con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) - que entró en vigor este martes, reconoce que las conductas de hostigamiento sexual y/acoso sexual constituyen faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas, mayormente cuando se tiene relación laboral, actos que atentan contra los valores éticos, los derechos humanos y la integridad física o psicológica de las personas.
En ese sentido, el Protocolo refiere que lo anterior constituye una infracción que da lugar a un procedimiento y en su caso, a una sanción, en términos de las disposiciones de responsabilidades administrativas.
Más claro, ni el agua, aunque se tardaron 15 meses en reconocerlo. De ahí que el documento señale que tiene como objeto “establecer e implementar las acciones y procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y/o acoso sexual por parte del funcionariado de las dependencias del servicio público”.
Agrega que la aplicación y observancia del Protocolo (que consta de siete capítulos y 57 artículos) deberá hacerse con los recursos humanos y presupuestarios asignados a las dependencias y entidades de la administración pública estatal (APE), por lo que no implicará erogaciones adicionales.
También, que las dependencias y entidades informarán a la Comisión dentro de un plazo de 30 días hábiles, esto es el próximo 5 de mayo, la emisión del pronunciamiento de “Cero Tolerancia”; difundir el Protocolo e iniciar acciones de sensibilización, comunicación y capacitación en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual.
En el mismo sentido, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), orientará a las Unidades de Género para la aplicación del Protocolo y deberá en un plazo no mayor de 30 días naturales, elaborar un documento administrativo denominado cédula de atención, para atender y orientar debidamente a la persona en calidad de afectada, que incluya el formulario de información de forma sensible, confidencial y con perspectiva de género.
Dicha cédula será distribuida a cada Unidad de Género de la APE. Ese mismo documento deberá contener los datos mínimos que requiere el Banesvim.
Dentro del término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, las dependencias de la APE, deberán adecuar su normativa interna relativa al contenido del presente Acuerdo.
De paso, como siempre ocurre en estos asuntos burocráticos, se anuncia la creación de una Comisión o cuerpo especializado que coordinará, vigilará e implementará las medidas del citado Protocolo para la prevención, atención y sanción de las conductas de hostigamiento y acoso sexual, en las dependencias gubernamentales, la cual estará presidida por un representante de la Contraloría; una persona del IVM; de la Oficina del Gobernador del Estado, que será vocal; de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos (vocal) y un representante de la academia o sociedad civil, experto en temas de derechos humanos, género y violencia sexual, con experiencia probada mínima de tres años que fungirá como vocal, para cuya elección el IVM emitirá convocatoria pública y de las personas que apliquen, el Instituto elegirá a dos que presentará al Secretario de Gobierno, quien seleccionará al integrante, que durará en el cargo 3 años. Es decir, solo más de lo mismo.
Por: RedacciónGobernantes.com
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