Por: Arturo Reyes Isidoro.- Me parece un caso emblemático de defensa ciudadana de un espacio público con área verde, pero también la actuación arbitraria de autoridades por desconocimiento de la ley o porque simple y sencillamente no les importa pasar por encima de ella.
En Xalapa, el sábado pasado la inconformidad de vecinos del parque La Loma obligó a que trabajadores al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendieran labores de delimitación y trazado de un terreno en el que pretendían construir un cuartel de la Guardia Nacional (GN), de lo que hasta entonces se enteraron.
La obra en sí es buena, pues presumiblemente significará seguridad para la capital del Estado, Coatepec (municipio con el que colinda el proyecto) y la región, pero el procedimiento arbitrario con el que se actuó hizo que se pararan de manos vecinos de las colonias Buenavista y Emiliano Zapata.
Por fortuna privó de inmediato el entendimiento de un “comandante” militar quien ante la protesta ordenó la suspensión de los trabajos y les ofreció presentarles el proyecto respectivo el lunes pasado, porque no llevaban la autorización de alguna autoridad. Un día antes un “ingeniero Daniel” había aclarado que eran de la Sedena y que un “comandante segundo” les había dado instrucciones de que construyeran ahí el cuartel.
Los inconformes pusieron en claro que el parque es un área de esparcimiento que ocupan desde hace más de 30 años, por lo que se vulneraba su derecho a un medio ambiente equilibrado, y que el Gobierno federal no les había pedido su opinión.
Dijeron que esperarían que se presentara una autorización oficial y que si no la había formarían “cinturones humanos” para impedir que ingresara maquinaria.
El lunes el secretario de Gobierno Eric Cisneros aclaró que el Gobierno del Estado había donado el terreno y reconoció que el ayuntamiento “al parecer” no tenía conocimiento. Aludió al Director de Gobernación municipal, Juan Vergel Pacheco –quien había expresado que no se había informado nada al ayuntamiento– diciendo que “desconoce muchas cosas”.
Vergel le respondió. Explicó que era necesario solicitar el cambio de uso de suelo del predio, que tendría que aprobar el Cabildo integrado por 15 personas, así como una licencia de construcción, y que no había ni una cosa ni la otra; que la postura del ayuntamiento era en pro del rescate de las áreas verdes.
Ayer miércoles el delegado federal Manuel Huerta presentó la solución: se hará en un predio contiguo (Lote 15), no se afectará ninguna área verde y ya están los recursos para comenzar la obra.
Lo que quedó en evidencia es que las autoridades actúan sin conocer los procedimientos legales y deciden a su arbitrio. Donan un terreno para una obra determinada sin saber si es apropiado y si cumple los requisitos legales, inician trabajos sin tener alguna autorización oficial y nadie se preocupa por la protección del medio ambiente. La violación de la ley, pues, por parte de quienes están obligados a conocerla y a respetarla.
En este caso la reacción de los vecinos evitó la destrucción de un área verde, así como un acto de gobierno a todas luces arbitrario. La lección debe servir a todos los veracruzanos: no deben permitir ningún atropello y, unidos, defender su patrimonio, que es el de todos. En Xalapa ya se demostró que sí se puede.
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