Por: Arturo Reyes Isidoro.- Hasta anoche el Gobierno del Estado no había reaccionado al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 para el Estado, que señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles desvíos en Veracruz por 3 mil 115 millones de pesos, de los cuales 2 mil 691 millones corresponden al gasto directo del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Se esperaba que la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cargo del muy aplaudido como mago de las finanzas José Luis Lima Franco, saliera a decir que todo está en orden o que se aclarará debidamente, o que el gobernador emitiera un mensaje diciendo que tiene otros datos (como respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de la ASF a la administración federal), pero se guardó silencio.
La ASF es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, entre otros, de los estados y municipios. Una vez que oficialmente notifique al gobierno estatal el resultado de su auditoría, el gobierno cuitlahuista tendrá 30 días hábiles de plazo para responder. Si no se satisfacen las observaciones (comprobación fiscal o sanción por responsabilidad administrativa) se podría llegar a la denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunto daño patrimonial.
Hay que esperar la respuesta del Gobierno del Estado, pero cabe pensar que Cuitláhuac y sus muchachos están en un verdadero problema, ya que la ASF está demandando el reintegro de 2 mil 685 millones de pesos que se entregaron a la Secretaría de Salud (a cargo de Roberto Ramos Alor), a la Secretaría de Educación (bajo la titularidad de Zenyazen Escobar García) y de Finanzas, bajo la responsabilidad del citado Lima Franco. Fueron recursos que les entregaron por concepto de participaciones federales y subsidios para diversos programas. En su informe, el Órgano detalla las anomalías que encontró en su revisión.
La SEV, como en los tiempos de Duarte
¡Carajo! De la SEV observó un subejercicio de 2 millones 87 mil pesos que la dependencia tuvo que regresar, y el uso de recursos para, presuntamente, pagar a aviadores y a trabajadores de “escuelas fantasma”, pagos en exceso, pagos a trabajadores que ya habían fallecido, pagos a trabajadores que ya habían sido dados de baja, y pago a comisionados del SNTE. ¿Algo que extrañar del gobierno de Javier Duarte?
Los señalamientos no los está haciendo la prensa independiente, crítica, o actores políticos de la oposición, como para que acusen que es cosa de sus enemigos, sino el máximo órgano fiscalizador del país. Lo que sí es que el informe en estos momentos cae como un poderoso artefacto explosivo que tambalea al gobierno estatal y a su partido, Morena, cuando se está en pleno proceso electoral y a solo 97 días de las elecciones.
Para el gobernador García Jiménez, aparte de que su administración tiene que esclarecer todo debidamente y en forma oportuna, también tendrá que informar a plena satisfacción al presidente qué pasó o por qué, pues AMLO lo tiene como muy honesto, y no puede dejarlo en mal porque un presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos no es cualquier baba de perico.
En noviembre pasado comenté cómo el presidente en su conferencia mañanera le hizo un reconocimiento más, pero por primera vez lo matizó.
“En el caso de Veracruz yo sostengo que mis paisanos ahora cuentan con un gobernador honesto, Cuitláhuac García. Tenía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz. No estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda de que es una gente honesta…”.
Apunté entonces: “Hay que dejarlo a la interpretación de cada quien, pero ya lo bajó del Olimpo y lo acercó más al llano terrenal, o sea, pecadorcillo también, imperfecto, ser humano al fin y al cabo. ¿Se le fue? ¿Lo dijo deliberadamente? ¿Por qué matizó ahora? ¿Se enteró de alguna travesura de su muchacho y dejó abierto el camino para justificarse no sea que un día lo deje mal?”
No estoy sugiriendo siquiera que Cuitláhuac ha cometido un acto de pillería, a menos que se demuestre lo contrario, pero lo cierto es que la ASF le observó a su administración que andan bailando 3 mil 115 millones de pesos apenas de su primer año de gobierno (cómo andará la Cuenta Pública de 2020) y eso siempre siembra la duda.
Una pregunta obligada es dónde estaban los contralores internos de las dependencias, dónde las contraloras que ha habido, qué no detectaron ninguna irregularidad.
Si no aclaran el asunto, no sé con qué cara los candidatos de Morena van a salir a decirle (a repetirle) al electorado que ellos son el Castillo de la Pureza andando, y con qué autoridad van a tratar de descalificar los actos de corrupción de administraciones anteriores.
¿No qué ellos eran otra cosa?
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