En una resolución de más de 200 páginas de argumentación y análisis jurídico concienzudo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito resolvió el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno declarar fundada la inconformidad promovida por el magistrado Roberto Dorantes Romero, en contra de una resolución del juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, que declaró que existía «imposibilidad material, real y jurídica» para reinstalarlo en su plaza de magistrado.
El Tribunal Colegiado declara este asunto como concluido, por lo cual el Poder Judicial Federal le tendrá que ordenar al Tribunal Superior de Justicia y a la LXV Legislatura del Congreso del Estado que el magistrado sea reinstalado en su puesto, de donde fue ilegalmente removido en acciones coordinadas entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín; la anterior presidenta del Tribunal, Sofía Martínez Huerta; y el titular del Ejecutivo del Estado.
Como se recordará, varios magistrados se ampararon ante la pretensión de retirarlos forzosamente al llegar a la edad de 70 años, con base en reformas a la Constitución durante el régimen yunista. Uno de ellos fue el licenciado Roberto Dorantes Romero, quien en diciembre de 2019 obtuvo una sentencia favorable de amparo dentro del expediente 402/2019. La defensa consistió en que él fue designado antes de la reforma, por lo que no podían aplicarle la ley en retroactivo.
Pese al amparo ganado, le fue impedida la entrada a sus oficinas y el Congreso designó a otra persona para sustituirlo, previa propuesta del gobernador del Estado. Posteriormente, tanto el Poder Legislativo como el Judicial realizaron numerosas maquinaciones para impedir la ejecución del amparo, lo que finalmente llevó al juez federal a resolver que existía «imposibilidad material, real y jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo».
El magistrado presentó una inconformidad, la cual fue registrada con el número 18/2020, que es la que acaba de resolver el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, donde le da la razón.
De tal manera que el Congreso del Estado pierde un caso más de una serie de errores y desaciertos, y el Tribunal deberá reponer al togado en su plaza laboral.
Paradójicamente, la misma Legislatura que usó a Sofía Martínez Huerta para propósitos partidistas, ahora la tiene sometida a juicio político.
Dice en su resolución el Tribunal Colegiado:
«ÚNICO. Se declara fundada la inconformidad promovida por Roberto Dorantes Romero, en contra de la resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, pronunciada por el juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 402/2019, por medio de la cual declaró que existía imposibilidad material, real y jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo»
«Notifíquese; con testimonio de esta resolución al Juzgado de Distrito y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido. Así, por unanimidad de votos de los magistrados presidente Anastacio Martínez García y Roberto Castillo Garrido, así como el licenciado Víctor Ignacio Villanueva Grimaldo, secretario en funciones de magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3451/2020..».
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