Diputado de Morena niega cambios a reforma al delito de ultrajes a la autoridad

Como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oir, el diputado local con licencia de Morena, Rubén Ríos Uribe, afirmó que a pesar de las críticas de los partidos de oposición (y de diversos sectores sociales, académicos, grupos de derechos humanos y periodistas), por los casos de presunto abuso policial con la detención de 7 jóvenes en Orizaba acusados de agredir a policías, la fracción de Morena en el Congreso del Estado no respaldará otra modificación al Código Penal respecto al delito de ultrajes a la autoridad. Según Ríos Uribe, “la Ley está bien, pues se debe hacer respetar a la autoridad en Veracruz”, aunque las bancadas de otros partidos y expertos en derecho aseguran que existen vacíos en la regulación de deben ser perfeccionados para evitar que se cometan abusos contra los ciudadanos.

Como fuera, el legislador morenista sostuvo que las autoridades deben de ser respetadas, pero en caso de que policías o ministeriales agredan a un ciudadano también hay leyes que establecen sanciones. "Con esto se fortalece el Estado Derecho (...); nosotros estamos en el sentido de que se respeten las manifestaciones, pero siempre en el respeto de que no se afecten los Derechos de terceros, no es válido que policías sean golpeados, agentes de tránsito y cualquier autoridad". Con relación al anuncio de la oposición de hacer adecuaciones al Código Penal, como el de la fracción mixta PRI-PVEM, reiteró que están en su Derecho de actuar. "En su momento tenían la corrupción como un delito no grave, se puede imaginar que hacen leyes a conveniencia (...), creo que nosotros estamos fortaleciendo el Estado de Derecho y que no exista impunidad: Que los ciudadanos no sean agredidos por policías pero que tampoco los policías sean agredidos o violentados", refirió Ríos Uribe, como si hubiera punto de comparación, pues el diputado local pretende pasar por alto que los policías van armados, con escudo y tolete, lo que no es el caso de la gran mayoría de los ciudadanos que se manifiestan.

Sobre este tema, habría que recordar que el pasado 11 de marzo el Congreso del Estado, con mayoría morenista, reformó el artículo 331 del Código Penal que establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

El Código establece que se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada.

Además, la sanción aplica cuando se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.