Durante el ejercicio fiscal del 2019, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial de 2 mil 645 millones en todos los entes fiscalizables, desde poderes, municipios y organismos autónomos.
Al hacer entrega de la Cuenta Pública del 2019 al Congreso del Estado, la auditora General, Delia González Cobos, informó que en los 305 entes fiscalizables, se aplicaron 825 auditorías, revisiones y evaluaciones.
De ese total de auditorías, 306 fueron en materia financiera-presupuestal, 224 técnicas a la obra pública, 60 de deuda pública y obligaciones.
Los resultados de las auditorías del 2019 se entregan con retraso, con la autorización del Congreso, debido a la pandemia Covid-19 y a un cambio en la titularidad del organismo auditor.
Este jueves, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, @deliaGonzalezC3 acudió a @legisver a efectuar la entrega a la Comisión Permanente de Vigilancia, del Informe General Ejecutivo e Informes Individuales de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 pic.twitter.com/CQZbbrvfdc
— ORFIS VERACRUZ (@ORFIS_VER) July 29, 2021
Poder Ejecutivo con 460 millones de irregularidades. La revisión incluyó el primer año del gobierno del morenista Cuitlahuac García Jiménez y de acuerdo con los resultados, en el Poder Ejecutivo se encontró un presunto daño patrimonial del orden de los 460 millones de pesos.
En las auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un monto de 16 millones 630 mil pesos en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Social y en la Coordinación General de Comunicación Social.
Los auditores encontraron en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas un presunto daño patrimonial por 13 millones 443 mil pesos derivado de 12 observaciones en obras públicas.
En la Secretaría de Desarrollo Social un presunto daño patrimonial por 2 millones 238 mil pesos generados de tres observaciones por dispositivos de lectura dactilar biométrica no localizados, por erogaciones, además de sueldos y salarios a servidores públicos.
En la Coordinación General de Comunicación Social el presunto daño patrimonial fue de 949 mil pesos por irregularidades en el rubro de servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información, así como por concepto de campañas de difusión a través de la red social Facebook.
Y es que los auditores detectaron que la documentación comprobatoria no reunía los requisitos fiscales que establece la normatividad aplicable, debido a que se presentaron recibos simples de pago.
En 35 Organismos Públicos Descentralizados se encontró un presunto daño por 241 millones y en tres Fideicomisos por 21 millones de pesos.
Sólo dos municipios sin daños. Los resultados del Orfis detectaron además irregularidades que hacen presumir existencia de daño patrimonial en 210 -de los 212- municipios por un monto de más de 2 mil millones de pesos. Solo los municipios de Colipa y Magdalena salieron limpios de las revisiones.
Los Ayuntamientos con mayor daño patrimonial fueron Veracruz con 74 millones de pesos y Tuxpan con 47 millones de pesos, ambos gobernador por el PAN; seguido de Córdoba con 25 millones; Zongolica con 41 millones; Ángel R. Cabada por 20 millones 523 mil 533.54 pesos, gobernados por el PAN y PRD.
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