Juez federal niega la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam solicitada por su estado de salud

Un juez federal negó la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por lo que deberá permanecer en la torre médica del Penal de Tepepan hasta que su salud se restablezca.

Durante la audiencia realizada el 1 de diciembre en la que Murillo Karam no pudo estar presente, sin embargo, estuvo al tanto a través de una videoconferencia desde la Torre Médica del centro penitenciario Tepepan.

La Fiscalía General de la República pidió además al juez federal tres meses más de investigación complementaria, los cuales se extenderán hasta el 24 de febrero del 2023.

El 19 de agosto de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden aprehensión en contra de Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, donde desaparecieron el 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.

Por ello, fue ingresado al Reclusorio Norte Varonil, en donde cinco días después, 24 de agosto, un juez lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva, la cual fue ratificada ante la posibilidad de que el exfuncionario decida salir del país.

Además, de que la parte acusadora destacó que el exprocurador tiene al menos cinco propiedades en la Ciudad de México, y también en los estados de Hidalgo y Guerrero, y un capital total valuado en más de 85 millones de pesos.

Luego de casi dos meses de haber ingresado al Reclusorio Norte, Murillo Karam fue trasladado al Hospital de Xoco para recibir atención médica, después, el 21 de octubre, fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Cardiología para ser intervenido quirúrgicamente por tener trombos, en donde permaneció en terapia intensiva por su estado de salud durante varios días.

Asimismo, permaneció bajo supervisión médica en el Hospital Belisario Dominguez en donde fue dado de alta el 30 de noviembre y trasladado a la Torre Médica del penal de Tepepan.

El exprocurador fue uno de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto señalado por haber diseñado la llamada “verdad histórica” sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.