Por: Arturo Reyes Isidoro Por otra parte, mientras que la directora general del DIF Estatal Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, le tiró la bolita de la responsabilidad a la directora Administrativa Nayeli Martínez Calderón, por el otorgamiento de contratos millonarios a una simple empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el delegado federal de los programas para el Desarrollo en el estado, Manuel Huerta, declaró que tiene que haber transparencia y que se tiene que investigar.
La funcionaria, quien en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fue jefa del Departamento de Enlace Interinstitucional de la propia SEV y estando en su actual cargo seguía cobrando en la dependencia educativa, confirmó que sí le entregaron contratos a Araly Rodríguez Vez, aunque trató de evadir cualquier responsabilidad al decir que confió totalmente en su subalterna administrativa y apuntó más arriba, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Aclaró que la dirección a su cargo no participa en las licitaciones ni en la entrega de contratos, pues todo lo determina un subcomité de adquisiciones y la Dirección Administrativa y que a ella solo le informan de las empresas que van a participar; que la relación de empresas la proporciona la Sefiplan. Al igual que el gobernador, dijo que se está investigando, aunque adelantó que “todo está en regla”.
Por lo que dijo, está totalmente en manos de la directora Administrativa, pues finalmente ella es quien debería tener la última palabra para autorizar, o de otra forma abstenerse y no firmar ningún documento, pero, si como dice, todo está en regla, entonces firmó de consentimiento y cualquier irregularidad la involucraría pues ella sería la directamente responsable. Asimismo, por lo que dijo, las empresas las imponen desde Finanzas.
“Todo mundo está viendo lo que ocurre”, dice el delegado
En cuanto al delegado federal de Bienestar, dijo que compete a órganos autónomos, como el Orfis, aclarar el tema de las empresas fantasma, aunque eludió mencionar que la Contraloría General del Gobierno del estado y las contralorías internas debieron vigilar que se hiciera un correcto uso de recursos y, en todo caso, denunciar toda anomalía.
Entrevistado ayer por la mañana en el puerto de Veracruz dijo que el tema es del gobierno estatal, “ellos lo tienen que ver… ¿Qué opino? Que tiene que haber transparencia, que todo se tiene que aclarar, que para eso hay órganos autónomos del Poder Federal, de la Cámara de Diputados, están los órganos de fiscalización, está todo mundo viendo lo que ocurre, tiene que haber una solución”.
Se negó, en cambio, a comparar este caso con el de las empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, con un argumento muy endeble: por la diferencia del monto de las cantidades. Expresó que en el gobierno del priista fueron “ochenta mil millones de pesos los que se llevaron”, y en el caso de las empresas fantasma del actual gobierno son apenas más de 100 millones de pesos, aunque no tomó en cuenta otra diferencia: que en el gobierno anterior el monto fue por el total del sexenio y de todas las dependencias involucradas, y en el actual apenas es por un solo caso en cuatro años que involucra ya a tres dependencias.
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