Por: Enrique Pérez Quintana.- La Constitución indica que el gobierno federal en México está integrado por tres partes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La carta magna dice que los tres poderes tienen igual jerarquía.
Lo previsto en la Constitución en la práctica política no siempre ha sido realidad. Es un hecho histórico que el Poder Ejecutivo concentra el mayor dominio y que los recursos con los que cuenta facilitan su acción para subordinar a los otros dos poderes. Esta concentración de facultades es llamada presidencialismo.
Los resultados electorales de 2018 además de dar el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, le otorgó a su partido el dominio del Poder Legislativo al tener Morena y sus aliados el PT y Partido Verde, mayoría en la Cámara de Diputados, que le permitió realizar reformas convenientes para su proyecto de gobierno, algunas pasaron el filtro del Senado, otras fueron frenadas en el Poder Judicial.
Los equilibrios que operaron en la primera mitad del sexenio de López Obrador cambiaron con los resultados de las elecciones federales de 2021, cuando Morena y sus aliados dejaron de ser mayoría en la Cámara de Diputados. Posteriormente, en diciembre de 2022, terminó su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el magistrado Arturo Saldívar, que había facilitado en esa institución la gestión de los asuntos de interés para el presidente de la república.
Los magistrados de la SCJN eligieron, el dos de enero, como presidenta a la magistrada Norma Piña Hernández. López Obrador no saludo su elección y se refirió a ella como opositora y contraria a los asuntos en litigio de la presidencia. A partir de ese momento emprendió una campaña de desprestigio hacia la presidenta de la SCJN y otros magistrados que, al dictaminar asuntos en contra de los intereses del presidente, fueron calificados como conservadores, corruptos y servidores incondicionales de los grupos empresariales poderosos.
Como parte de su campaña en contra de la SCJN, López Obrador divulgó la especie de que disfrutan salarios superiores al del presidente, se oponen a la austeridad republicana y aprovechan el presupuesto para financiar privilegios y una vida de lujos con el dinero público con el que pagan mansiones, autos de lujo blindados y comidas en restaurantes.
El discurso de López Obrador no solo afecta al prestigio de los magistrados se extiende a la totalidad del Poder Judicial, del que afirma que no sirve al pueblo y solo beneficia a los grupos de la mafia del poder. Su argumento incluye acabar con la forma en la que son designados los magistrados, propone someter su arribo a la SCJN mediante el voto popular. Fundamenta su propuesta con la pregunta ¿Si el Ejecutivo y el Legislativo llegan por medio del voto del pueblo, por qué no es electo el Judicial?
En la Cámara de Diputados los legisladores de Morena y sus aliados, incondicionales de López Obrador, se agregaron a la campaña en contra de la SCJN, a la que advirtieron que sería recortado el presupuesto que solicitó para el ejercicio fiscal de 2024. Además, le anunciaron que serían cancelados 13 fideicomisos.
En comisiones de la Cámara de Diputados la mayoría de Morena se impuso y aprobó una reforma que obligará al Poder Judicial a extinguir 13 de sus 14 fondos y fideicomisos por un monto de 15 mil 434 millones de pesos.
El Poder Judicial se opone a la extinción de los fideicomisos. Afirma que no afectará a los magistrados, pero sí a los trabajadores, porque al menos seis de ellos están relacionados con obligaciones patronales, su cumplimiento implica derechos tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Son derechos adquiridos reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Desde su mañanera, López Obrador rechazó que la extinción de los fideicomisos afecte a los trabajadores. Repitió su argumento de que se trata de quitar privilegios a los de arriba. “La intención es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación”.
Los trabajadores del Poder Judicial se oponen. Protestaron en las calles y avenidas de algunas ciudades en todo el país. En la Cámara de Diputados el deseo de López Obrador se cumplirá cuando la mayoría de Morena y sus aliados se imponga.
Con la extinción de los fideicomisos se está atentando contra la operación del Poder Judicial y los derechos adquiridos por los trabajadores en servicio y jubilados. El dinero contenido en estos instrumentos permite la operación institucional en el largo plazo. Lo que vendrá, cuando se consume la extinción, serán múltiples amparos de los trabajadores y magistrados que demandaran el respeto a sus derechos laborales.
El escenario político generado por López Obrador se dirige a dominar y someter al Poder Judicial por la vía del estrangulamiento presupuestal. Cancelar los fideicomisos es el pretexto para dar el golpe. La SCJN no ha sido complaciente con lo que la Consejería Jurídica de presidencia le plantea y eso lo considera traición. La Suprema Corte rectifica lo que, a su consideración, viola la Constitución. Esa es su función. Aquí la Ley es la Ley. Para el presidencialismo rancio, es un cuento.
Fuente: Yahoo/ Noticias
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