La presidenta del Poder Judicial de Veracruz debía jubilarse al cumplir 70 años y pese a la dispensa del Congreso del Estado violentó la constitución.
Por esta razón el abogado Tomás Mundo presentó una denuncia contra la titular del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz.
Concretamente, el abogado la señaló por el delito de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Mundo Arriasa señaló que la dispensa que le otorgó el Congreso de Veracruz para seguir en el cargo no tiene justificación.
Además, argumentó que la justicia en Veracruz se ubica en el último lugar a nivel nacional según organismos internacionales.
“¿Cuál sería la supuesta causa de utilidad pública para la justicia veracruzana, y los justiciables Cuando Veracruz según informe 2021 del World Justice Proyect ubica a Veracruz en el lugar 32 de 32 en impartir justicia penal en el país, es decir, es el último, el peor, para impartir justicia penal”, cuestionó Mundo Arriasa.
Por ello solicitó realizar pruebas a Romero Cruz para determinar si hay indicios de demencia, si puede seguir el hilo de una conversación; así como su capacidad en la toma de decisiones en contextos sociales, su integridad cognitiva sin alteraciones de la memoria, atención, planeación, entre otras.
La denuncia está sustentada en el hecho de que la funcionaria cumplió los 70 años, por lo que de acuerdo con la ley quedó inhabilitada para seguir siendo magistrada y, por lo tanto, magistrada presidente del Tribunal.
El abogado advierte que, a pesar de ello, Romero Cruz promovió una dispensa de ley para permanecer en el cargo a sabiendas de que no son dispensables tales requisitos, pues en los artículos 95 de la Carta Magna, y los diversos de la Constitución local, se señala como límite para fungir como magistrada, cumplir los 70 años.
“Al seguir al frente por una mayoría de los diputados pertenecientes al partido político que está en el poder, no puede estar por encima de la Constitución el dispensar requisitos que deben cumplirse obligadamente; al aceptar esta ilegalidad, en automático actualiza la hipótesis que para tal caso prevé el numeral 315 del Código Penal en el Estado”.
Señala que la dispensa que le otorgó el Congreso del Estado es inaplicable, pues la Carta Magna en su numeral 95 es tajante al establecer los requisitos para ser magistrado.
Dijo que, además, la magistrada presidenta ha violentado el principio de presunción de inocencia de los justiciables veracruzanos, pues ha dado indicaciones para que se mantenga a poco más del 48 por ciento de la población carcelaria, por delitos que no ameritan prisión.
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